En el año 1981 se produjo en España un ensayo de guerra bacteriológica utilizando como cobayas a la población civil, y culpándose al aceite de colza de la intoxicación mortal.
El esfuerzo de los poderes públicos por ocultar la verdad fue especialmente encarnizado, dado que el que trascendiera a la luz pública podía haber frustrado la incorporación de España a la O.T.A.N., que el P.S.O.E. (ejecutor, una vez más, de los designios de la élite mundial), estaba preparando minuciosamente, pese a su teórica e hipócrita imagen de oposición a los bloques militares.
Ese manto de silencio exigió el cese de directivos médicos, y de periodistas, cuando no su eliminación física, como le ocurrió al añorado Andreas Faber Kaiser, cuya amenaza de denuncia de la farsa del llamado "Juicio del síndrome tóxico" supuso su sentencia.
La información que presento a continuación, y que debería ser de dominio público, documenta esta infamia, cuyas responsabilidades aún no se han depurado.
Uno de los afectados por intentar sacar a la luz este tema fue el periodista y presentador de radio Miguel Blanco, quien explica como le cesaron y le quitaron fulminantemente su programa "Espacio en Blanco" de RNE (Radio Nacional de España), después de haber hecho varios programas tratando el tema y exponiendo todas las incongruencias oficiales y los estudios de Faber-Kaiser, explica como el director de RNE le advirtió de que no debía tocar estos temas ya que se estaba metiendo en aguas pantanosas. Miguel Blanco hizo caso omiso a estas advertencias y sacó al aire su programa. Unos días después, con una pueril excusa, fue fulminantemente cesado y su programa eliminado de la parrilla.
La Verdad Sobre El Aceite De Colza
VERSIÓN OFICIAL DE LOS HECHOS:
En España, un manejo irresponsable y criminal de este tipo de aceite produjo en la primavera de 1981 la muerte de 1.100 personas y el envenenamiento de otras 60.000, de los cuales 25.000 han resultado con secuelas irreversibles, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios.
LA VERDAD OCULTADA:
La ocultación por los poderes del país de la verdadera causa del "Síndrome Tóxico" impidió la curación de miles de españoles.
Mientras la Ciencia, a los tres meses, ya sabía que la causa no podía ser el aceite de colza, el Poder acusaba y encarcelaba a los industriales del aceite de colza. Mientras la Ciencia a los ocho meses ya sabía como curar a los afectados, el Poder ocultaba a más de 60.000 enfermos la posibilidad de curación.
Pilar Pans, Vicepresidenta de la Asociación "Fuentox" de damnificados por el "síndrome tóxico" declaró:
"Yo entonces era trabajadora del hospital militar del aire. En primer lugar, en el hospital se consumía el aceite de colza y sin embargo no había ningún afectado. Segundo, en mi casa enfermamos sólo la mitad de la familia y el primero fue mi hijo de diez años, que resulta que era diabético. Por esta razón tenía prohibido cualquier aceite que no fuera de maíz. No tomó jamás el aceite adulterado, que compramos como si fuera de oliva. Cuando a mi hijo le toman declaración, el juez le advierte que tiene que decir que ha tomado el aceite adulterado porque si no perderá el derecho de cobrar las indemnizaciones. Yo como madre puse el grito en el cielo, era una coacción".
Manuel Henares, Presidente de la Asociación "Fuentox" de damnificados por el "síndrome tóxico" declaró:
"Justo después de notificar la prueba a Carmen Saanueva, directora del Plan Nacional, el concejal de sanidad del ayuntamiento de Fuenlabrada junto a dos policías municipales realizan un robo en la asociación y destruyen la prueba. Los pillamos con las manos en la masa, eso sí, tal y como consta en una denuncia formulada en el juzgado de Leganés, y su respuesta fue que mientras no cambiáramos y dijéramos que era el aceite nos iban a hacer la vida imposible".
Este es otro caso más del asesinato encubierto de ciudadanos cometido por un gobierno elegido democráticamente. El gobierno (entonces U.C.D.) -como harían luego P.P. y P.S.O.E. en el caso 11-M, añado yo-, ENCUBRIÓ EL ASESINATO COMETIDO CONTRA SU PROPIA CIUDADANÍA.
A modo de homenaje al pionero de la revelación de la conspiración (me niego a llamar "teoría de la conspiración" a hechos demostrados), reproduzco el artículo en el que Andreas FABER-KAISER sintetiza el desarrollo del síndrome y el vergonzoso proceso de ocultación:
LA MENTIRA DE LA COLZA
En la primavera de 1981 fueron envenenados más de 60.000 españoles. Más de 700 de ellos, murieron (1). Desde entonces y hasta hoy, los gobiernos de UCD y del PSOE han centrado sus esfuerzos en impedir que el auténtico criminal salga a la luz pública.
Había que borrar por todos los medios las huellas que conducían al foco de la intoxicación.
Se llegó así a un oscuro montaje de los distintos sectores del Poder y de los servicios de inteligencia, para conformar el efectivo «pacto de silencio» que debía evitar que se supiera que aquí se aplicó a seres humanos una nueva combinación química, aplicable en el futuro a una posible guerra no convencional.
ENFERMEDAD NUEVA
Hagamos un poco de historia de este complejo asunto: a principios de mayo de 1981 se detecta una enfermedad nueva en España, que afecta rápidamente a un creciente número de individuos. En los primeros días surgen diversas hipótesis de urgencia sobre el origen que desencadenó la epidemia, hasta que el gobierno anuncia por televisión que la culpa de todo la tiene una partida de aceite de colza desnaturalizado, distribuido en venta ambulante. Los industriales y comerciantes que han intervenido en el proceso de importación, manipulación y distribución de este aceite son quienes se sentaron en el banquillo de los acusados. Pero a lo largo de estos años ha habido una serie de científicos que han evidenciado que el aceite presuntamente tóxico no pudo haber sido el causante de la tragedia.
Simultáneamente, otros investigadores han ido siguiendo una pista distinta, que conduce a un origen mucho más lógico para la epidemia, si tomamos en consideración todos los elementos que conformaron la intoxicación detectada en 1981. Esta pista tiene su punto de partida en una combinación insecticida, concretamente un combinado nematicida organotiofosforado que envenenó a las más de 60.000 víctimas al consumir éstas tomates de una determinada partida tratada con el aludido insecticida.
La investigación por vía judicial de esta posibilidad, así como de cualquier otra hipótesis plausible con respecto a la causa real de la enfermedad, investigación que no debería de finalizar hasta lograr demostrar fehacientemente cuál fue el indiscutible desencadenante de la tragedia, es el camino que debe de desembocar en el auténtico juicio del síndrome tóxico, con reparto de responsabilidades a quien realmente y en justicia corresponda.
LA CURACIÓN NO INTERESABA
La gravedad del problema se acentúa por la circunstancia de que por lo menos desde finales de julio de 1981 el gobierno estaba suficientemente bien informado de que no era posible que el aceite fuera el causante de la epidemia. Desde aquel momento cuando menos debía de haberse incentivado con todos los recursos posibles el análisis de las otras posibilidades que se barajaban para el posible origen de la enfermedad, posibilidades que ya estaban también a finales de julio de 1981 sobre la mesa de quienes empuñan las riendas del poder. Eso era prioridad absoluta puesto que había personas que se estaban muriendo y se imponía la urgente necesidad de conocer el origen del mal para poder intentar la curación adecuada de los afectados.
Meses más tarde, pero siempre dentro del mismo año 1981, el Ministerio de Sanidad queda ampliamente informado de la posibilidad de que determinado insecticida organofosforado podría haber causado la nueva enfermedad. Pero no actúa en consecuencia.
Y a mi entender la cosa se agrava aún más cuando 8 meses después de aparecer el primer caso de síndrome tóxico, un médico militar, el teniente coronel Luis Sánchez-Monge Montero, envía al gobierno, al INSALUD, «para que lo leyera Valenciano», me diría, refiriéndose con ello al Dr. Luis Valenciano, a la sazón Director General de la Salud Pública, un informe en el que afirmaba que el origen de la grave enfermedad radicaba en un veneno que bloqueaba la colinesterasa, y en el que explicaba cómo había que curar a los enfermos.
Más adelante definiría este veneno como un compuesto organofosforado. No se trataba de una aventurada teoría: el Dr. Sánchez-Monge ya había curado para entonces particularmente a unos cuantos afectados. Lo cual quiere decir que tal vez no todas, pero decididamente muchas de las 60.000 víctimas podrían estar curadas desde 1982. Pero nadie reacciona en el INSALUD ni en la Dirección General de la Salud Pública.
Mas la gravedad de la inhibición oficial no termina allí.
El Dr. Sánchez-Monge envía también un informe sobre sus evaluaciones y curaciones a la publicación especializada «Tribuna Médica», que lo reproduce en la página 8 de su número 937, correspondiente al 19 de marzo de 1982.
Yo me imagino que el Ministerio de Sanidad debe de estar puntualmente informado de cuantas noticias interesantes se publican en un semanario de las características de «Tribuna Médica». De modo que me imagino al Sr. Ministro enterado de que hay un médico que está afirmando haber curado a una serie de pacientes de la enfermedad conocida por síndrome tóxico, enfermedad nueva y desconocida en cuanto a su tratamiento, y que en aquellos momentos configuraba el problema número uno planteado a la Sanidad española con carácter de extrema urgencia permanente, hasta su total resolución. Me imagino que en estas circunstancias el máximo responsable de la salud de sus conciudadanos lo dejará todo para leer lo que escribe un médico que afirma haber logrado la curación de unos cuantos afectados. Y al minuto siguiente de concluir esta lectura, me imagino al aludido velador de nuestra salud telefoneando al médico en cuestión, para tenerlo al cabo de una hora en el Ministerio de Sanidad y discutir con él sus experiencias con la finalidad de aplicarlas —en el supuesto de que realmente resultaran positivas— al resto de la población afectada por la misma epidemia. Pues no. Nadie, ni desde el INSALUD ni desde el Ministerio de Sanidad, se acercó a ver que más tenía que decir el único médico español que había logrado salvar vidas y aliviar a enfermos de la masiva intoxicación.
De lo que se trataba precisamente —a la vista de toda la evolución del problema, y tal y como lo documento ampliamente en el libro Pacto de Silencio (Compañía General de las Letras, Barcelona, marzo 1988)— era de no curar a los enfermos, para evitar así el que se descubriera el verdadero origen del envenenamiento.
Solamente así cobra sentido el trato oficial dado al Dr. Antonio Muro y Fernández-Cavada, director en funciones del Hospital del Rey, en Madrid. Cuando el Ministerio de Sanidad todavía seguía dictando que el origen de la enfermedad había que buscarlo en un micoplasma, de transmisión aérea, y de entrada en el organismo por vía respiratoria, el Dr. Muro ya afirmaba el 10 de mayo de 1981 (a los 10 días de detectada la enfermedad) que eso era imposible, y que la vía de transmisión era necesariamente (dadas las características de la sintomatología) la digestiva.
«Si se hubiera enfocado la enfermedad por vía digestiva desde el mismo día 10 de mayo en que se dijo, se habría muerto menos gente y la investigación se habría enfocado en otro sentido», me diría el hijo del difunto Dr. Muro.
Mientras, el letrado Juan Francisco Franco Otegui denunciaba ante el Parlamento Europeo el 26 de octubre de 1986 que el gobierno había condicionado los diagnósticos, ocultado o retrasado el reconocimiento de síntomas de la enfermedad, y manipulado resultados analíticos para añadir que «paralelamente, la Administración impidió el desarrollo de hipótesis alternativas valiéndose de todo tipo de medios incluídos la ocultación y falsificación de todos aquellos datos que exigían la apertura de nuevas líneas de investigación.»
PACTO DE SILENCIO
Esas líneas eran las que había que cercenar en el momento mismo en que comenzaban a brotar. La planta de la verdad no debía crecer, porque en su configuración iba implícito el nombre de quienes habían envenenado realmente a más de 60.000 españoles.
Un ejemplo más: el Dr. Muro, desesperado por el hecho de que las altas instancias sanitarias del país hacían caso omiso de sus indicaciones acerca de la forma en que había que llevar la investigación, se lanzó el día 13 de mayo de 1981 a predecir nuevos focos de afectados: dado que había seguido la pista de la enfermedad y había logrado dar con la red de distribución del producto venenoso, notificó en la tarde del 13 de mayo a los doctores Munuera y Cañada —subdirector general de programas de Sanidad— dónde exactamente iban a aparecer nuevos casos de afectados al día siguiente, con especificación de poblaciones y de calles. Al día siguiente, 14 de mayo, aparecieron efectiva y puntualmente estos nuevos afectados en las poblaciones y en las calles indicadas por el Dr. Muro.
Pero en vez de que ello sirviera para que el Ministerio de Sanidad se decidiera por hacerle caso, sirvió para todo lo contrario: al día siguiente, 15 de mayo, un telegrama del Ministerio ordenaba el cese fulminante del Dr. Antonio Muro y Fernández-Cavada de su puesto de director en funciones del Hospital del Rey.
El doctor Antonio Muro, represaliado por asomarse a la verdad.
Ese cese fulminante, así como la renuncia a acelerar la curación efectiva de los enfermos (se estaba a tiempo de lograr esta curación efectiva si se hubieran escuchado las voces que iban bien encaminadas) debía necesariamente de obedecer a muy poderosas razones que nada tienen que ver con la Sanidad, ni siquiera con el propio gobierno español.
Era el precio que se cobraba el silencio del pacto.
MÁS INTERÉS EN LOS EE.UU. QUE EN ESPAÑA
Eso ya se notó días antes, cuando el Dr. Angel Peralta Serrano, jefe del departamento de Endocrinología del Hospital Infantil de la Ciudad Sanitaria de La Paz, de Madrid, en artículo publicado en el diario «Ya» de fecha 12 de mayo de 1981, y después de informar que al INSALUD le habían sobrado 17.000 millones de pesetas aquel año (¡Cuanta urgencia y efectividad podría haberse aplicado a la resolución de la nueva enfermedad!), afirmaba, refiríendose al síndrome tóxico, que en su opinión los cuadros clínicos que se habían presentado en aquellos primeros días, mejor se explicaban por una intoxicación por insecticidas organofosforados, que no por una simple infección viral (neumonía atípica).
El artículo en cuestión fue replicado al día siguiente por el entonces Secretario de Estado para la Sanidad, Luis Sánchez-Harguindey Pimentel, en carta abierta publicada en el mismo rotativo, con lo cual el mencionado Secretario de Estado evidenciaba estar perfectamente al corriente de lo expuesto el día anterior por el Dr. Angel Peralta. Pero tampoco reacciona, ni obra en interés de los enfermos. Esa historia, como dije en el párrafo anterior, parece que no va con el gobierno español: «Ya» es un diario matutino (ojo al dato). Porque el mismo día 12 en que aparece el artículo del Dr. Peralta hablando por primera vez de organofosforados, una llamada telefónica de Madrid —del Dr. Gallardo del Centro Nacional de Virología y Ecología Sanitaria— a Atlanta, en el estado norteamericano de Georgia, pide ayuda al Epidemiology Program Office del Center for Disease Control (CDC). Que envía a Madrid al epidemiólogo William B. Baine.
Tal y como manifestaría más tarde la eurodiputada Dorothee Piermont, investigadores y víctimas implicadas son de la opinión de que datos, historiales clínicos y documentos establecidos con ocasión de la visita del epidemiólogo norteamenricano, fueron transferidos íntegramente al CDC estadounidense, no siendo por tanto accesibles ya a los investigadores españoles que consideran falsa la hipótesis del aceite.
El juicio de la Casa de Campo inauguraba la luego nutrida tradición de las pantomimas procesales al servicio de la ocultación de la verdad: el del 11-M sería el siguiente eslabón.
Para finalizar este tema, quiero dejar constancia de la sorprendente realidad de que cuando el síndrome tóxico —sin estar resulto ni muchísimo menos— deja ya de ser un tema de importancia para las autoridades españolas, lo sigue siendo de forma prioritaria para los Estados Unidos. Esto solo ya es un escándalo en sí mismo. ¿Es que los americanos querían patentar en su país el sistema de desnaturalización y re-naturalización de aceite de colza que habían aplicado quienes se sentaron en el banquillo de la Casa de campo? Que nadie se engañe: más bien estaban al corriente desde el principio de lo que realmente aconteció aquí en la primavera de 1981. El detalle que cito aparece textualmente en la hoja 4ª del Acta de la sesión del 17 de noviembre de 1983 del Pleno de la Subcomisión de Investigación Clínica de la Comisión Unificada de Investigación, integrada en el Plan Nacional para el Síndrome Tóxico dependiente de la Presidencia del Gobierno. Citando una intervención del Dr. Manuel Posada de la Paz, puede leerse allí: «A continuación expuso la relación de trabajos que se van a enviar para ver si pueden ser subvencionados por la vía del convenio Hispano-Americano. Dicho convenio está basado en un dinero que Estados Unidos paga al Gobierno español por las bases americanas, que se invierte en proyectos de investigación conjuntos para ambos países. Hace un año el SAT (síndrome del aceite tóxico) era un tema prioritario para los dos países, pero en el momento actual no lo es para España aunque los americanos siguen muy interesados.»
¿ACEITE O TOMATE?
La línea de investigación propugnada por la Administración desembocaría por ende en la suposición de que la nueva enfermedad fue producida por la ingestión de determinada partida de aceite de colza desnaturalizado, importado de Francia y sometido a un proceso de renaturalización (extracción o separación del producto colorante en España), mientras que la investigación emprendida por el Dr. Muro y su equipo desembocaría en la suposición de que la enfermedad fue producida por el consumo de una partida de tomates tratados con un compuesto de insecticidas organotiofosforados, cultivados en Roquetas de Mar, en Almería.
NO PUDO SER EL ACEITE
Uno de los pilares en los que basan su acusación quienes argumentan que el origen del síndrome tóxico radica en el aceite de colza desnaturalizado, es el hecho —dicen ellos— de que la enfermedad comienza a decaer desde el momento en que deja de ser consumido el aceite sospechoso: el 10 de junio de 1981 se anuncia por vez primera por TVE la posible relación de unos aceites sospechosos con el origen de la enfermedad. El 17 de junio se da la orden de retirada de estos aceites sospechosos. Y el 30 de junio de 1981 comienza la operación efectiva de canje de los mismos por aceite puro de oliva. A partir de este día, según la tesis oficial, comienza a remitir la enfermedad, comienza a decaer la curva de incidencia de entrada de nuevos enfermos en los hospitales. Pero esta opinión oficial está falseada. Porque observando la curva real de dicha incidencia, la enfermedad -el ingreso de nuevos enfermos en centros hospitalarios- decae espontánea y verticalmente a partir del 30 de mayo, o sea un mes antes de que a la gente se le quitara el aceite presuntamente tóxico, y fecha anterior incluso a conocerse por los medios de comunicación de forma no oficiosa que el aceite era el causante del síndrome tóxico.
Hay naturalmente otras muchas consideraciones básicas que excluyen la posibilidad de que el aceite de colza desnaturalizado fuera el causante de la tragedia.
Por ejemplo: si fuera el aceite el causante, ¿cómo se explica la discriminación intrafamiliar? Esto es: ha quedado constatado que es muy rara la afectación de toda la familia, puesto que siempre permanecen invulnerables alguno o algunos de sus miembros. Por lo que, dado que el aceite en una cocina como la española es consumido por todos, éste es difícilmente el vehículo del tóxico.
Lo mismo cabe argumentar para la discriminación interfamiliar. Intrafamiliar es dentro de la misma familia, en la composición de la familia. Interfamiliar es en cambio entre familias, la discriminación que la enfermedad hace entre una familia y otra. Pues es sabido que el "garrafista" ha vendido a lotes completos de vecinos, y solamente han enfermado por ejemplo los del 2º F, los del 7º C y los del 1º B, mientras que el resto permanecen sanos, a pesar de que las garrafas se habían llenado en el mismo momento, del mismo tanque, y fueron vendidas el mismo día. Etc. etc.
LOS CATALANES, GENÉTICAMENTE DISTINTOS
Curioso y absolutamente determinante, por sus características tan paradójicas con respecto a la epidemia del síndrome tóxico, es el caso del circuito catalán de comercialización del aceite supuestamente tóxico.
Estas características vuelven a ser un elemento más de los varios que, por sí solos, ya refutan la hipótesis del aceite fraudulento como vehiculizador del tóxico que causó el citado síndrome tóxico.
Resulta que durante el año 1981 se distribuyó en Cataluña aceite fraudulento de composición semejante al distribuído en la región central, que por ello también fue declarado como aceite tóxico en aquel momento.
La cantidad de aceite comercializado en Cataluña fue superior a 350.000 kg.
Pues bien, pese a haber sido distribuida toda esa cantidad de aceite y haberse vendido al público durante varios meses de 1981, no se tiene constancia de la existencia de ningún afectado original de la zona catalana.
Pero lo más sorprendente del caso es que una de estas marcas concretamente "El Olivo", fue también distribuida en Castilla, sobretodo en Madrid capital y poblaciones limítrofes.
Pues bien, este aceite oriundo de Cataluña, en donde no provocó ningún afectado, al ser consumido en Madrid provoca automáticamente afectación.
¿Es posible que las partidas destinadas a Castilla sean tóxicas y las que se quedan en Cataluña sean inocuas? ¿O acaso —como apuntó un letrado de la Defensa durante el juicio— debe atribuirse este fenómeno a una distinta composición genética o reacción sensible de catalanes y castellanos?
Mucho más lógico que buscarle estos tres pies al gato, resulta concluir que el aceite no tuvo en realidad nada que ver con el síndrome tóxico.
Nada, excepto que formaba parte en muchos casos del mismo plato que también contenía los tomates que llevaban el tóxico.
NO HABÍA TÓXICO EN EL ACEITE
Buscando un punto de apoyo que justificara la inculpación del aceite de colza desnaturalizado, la opinión oficial argumentó que el tóxico se hallaba en las anilinas que se usaron para su desnaturalización (tinte), y en su defecto en las anilidas que estas anilinas originaron durante el proceso de re-naturalización efectuado en España.
Pero resulta que (como muy ampliamente lo documento en el citado libro Pacto de Silencio) el aceite sospechoso no contiene tóxico alguno, ni de anilinas ni de anilidas ni de tipo alguno.
Así lo manifestaría por ejemplo la Dra. Renate Kimbrough, del CDC de Atlanta, USA, el 10 de febrero de 1985 a la televisión alemana:
«No hallamos ningún indicio que señalara que el aceite fuera el causante del síndrome tóxico. Además, muchos otros laboratorios en Europa han intentado hallar alguna sustancia tóxica en estos aceites, y tampoco tuvieron éxito alguno.»
Añadiré que a la vista de todos los datos que hoy poseemos, se hace no ya difícil, sino absolutamente imposible, mantener que el aceite de colza desnaturalizado fuera el desencadenante del envenenamiento masivo de la primavera de 1981 en España.
Tal posibilidad ha quedado descartada por los nulos resultados arrojados al respecto tanto por la investigación toxicológica, como por la bioexperimental y también por la epidemiológica.
LOS TOMATES VENENOSOS
Si el aceite no fue el causante de la tragedia, ¿por qué la Administración ha venido fomentando la idea de que fue este agente el que envenenó a tantos administrados?
¿Por qué ha cerrado sus oídos a tantas voces que indicaban -algunas susurrando pero otras gritando- que ese no era el camino y que en cambio había otro que permitía llegar al foco de la epidemia e incluso a la curación de los afectados?
En buena lógica, igual daba que la fisura de los controles oficiales quedara descubierta en el negocio del aceite, como en el negocio del tomate.
Puestos a tener que reconocer un fallo en el sistema, tanto daba una que otra variante.
La única diferencia estriba en que por la vía del aceite solamente se descubre un fraude alimenticio, mientras que por la vía del tomate se descubre una imprudencia temeraria tras la cual se puede esconder un error dirigido.
Solamente así se explica la actitud oficial frente a este problema.
Como diría en su momento el entonces subsecretario de Sanidad del Ministerio socialista de Ernest Lluch, Dr. Sabando, lo del síndrome tóxico no es un problema del Ministerio de Sanidad, ni de ningún otro Ministerio; es un problema de Guerra, Felipe González, CESID, y luego, por decir algo que lo englobe todo alrededor, digamos KGB-CIA: este es el único problema, y de ahí no lo podemos sacar.
EL ORIGEN DEL DRAMA
Recordemos la historia que llevaba al origen del drama: el 15 de mayo de 1981 el Dr. Antonio Muro y Fernández-Cavada es destituído como vimos de sus funciones de director del Hospital del Rey, a causa de los aciertos evidenciados en la investigación de la etiología del síndrome tóxico. El causante real no debía salir a la luz pública.
A partir del mes de julio del mismo año 1981, y llevando ya la investigación de forma privada, el Dr. Muro enuncia su hipótesis de que el síndrome tóxico ha sido causado por un producto fito-sanitario, un organotiofosforado, vehiculizado por una partida de tomates o pimientos. Desde entonces y hasta su muerte en 1985 —de un cáncer de pulmón, al igual que Rosón, que moriría al año siguiente y que era otro de los pocos que estaban perfectamente al corriente de lo que había sucedido— se dedicó sin tregua a estudiar el consumo de tomates en los afectados, a reconstruir la comercialización de los mismos, llegando a localizar —mediante un laborioso proceso de retroceder desde el afectado al productor— al posible agricultor y al posible campo en donde se plantaron. Se había comenzado a desandar el camino que llevaba hacia los organofosforados, como causantes de la intoxicación masiva de la primavera española de 1981.
De acuerdo con las averiguaciones del Dr. Muro, el desencadenante del envenenamiento fue una partida de tomates, cultivados en Roquetas de Mar (Almería), y previamente tratados con un compuesto organotiofosforado, el fenamiphos (comercializado con el nombre de Nemacur), combinado con isofenphos (comercializado con el nombre de Oftanol).
Cabe remarcar que el isofenphos es el producto que habría causado la característica neuropatía retardada acusada por los afectados, y que la partícula "tio" (en el compuesto organo-tio-fosforado) alude a la presencia de azufre en la mortal combinación. Combinación por lo tanto fosforada y azufrada. Así lo dejaría escrito el Dr. Muro:
«El nematicida fitosistémico Nemacur-10, prohibido en varios países por su alta peligrosidad, e introducido en España por primera vez pocos meses antes de la epidemia del síndrome tóxico, es un organotiofosforado del grupo fenamiphos (4-[metiltio]-m-toliletil-isopropilamidofosfato) que, de no respetarse sus muy dilatados intervalos de seguridad (mínimo de tres meses), se convierte dentro del fruto en un fitometabolito derivado extraordinariamente agresivo —su toxicidad se potencia unas 700 (setecientas) veces— y cuya composición exacta parece ser alto secreto militar. Las partes fundamentales de su molécula y su acción bloqueante irreversible de la acetilcolinesterasa, explica extraordinariamente bien, pese a los desmentidos globales de la OMS, la patogenia y cuadro clínico observados en el síndrome tóxico. Los tomates contaminados son semiselectos de la variedad 'lucy', razón por la cual su consumo no ha afectado a clases o zonas urbanas adineradas.»
ARSENAL QUÍMICO
Aporto estas consideraciones porque se observa (cuando se analiza todo este asunto en detalle) que el pacto de silencio que aquí salta a la vista, solo puede justificarse por la extrema gravedad de lo realmente ocurrido.
Para ello conviene recordar que los organofosforados se hallan en la base del moderno armamento químico como también conviene recordar por qué se estaba demorando el acuerdo de desarme químico entre los Estados Unidos y la Unión Soviética: la creación del arma química binaria hace imposible cualquier tipo de control internacional, debido a que su producción puede ser organizada secretamente incorporándola en cualquier empresa química privada.
Implica la experimentación con nuevos tipos de agentes químicos en la industria de herbicidas, entre otras, existiendo la posibilidad de evitar las inspecciones en las unidades y empresas que pertenezcan a sociedades privadas o multinacionales.
Cabe señalar que Nemacur y Oftanol son productos de la multinacional Bayer.
Es importante por lo tanto que al enjuiciar lo sucedido en España con el síndrome tóxico, se tenga presente que la industria química privada multinacional ofrece la única posibilidad de ensayo impune en el supuesto de un acuerdo internacional de suspensión de la experimentación y almacenamiento de armamento químico.
Esto lo sabía perfectamente Juan José Rosón, al igual que cabe suponer lo saben perfectamente el teniente general Emilio Alonso Manglano, el coronel Catalá y el general Cassinello, por citar solamente a algunos conocedores del tema.
(1) Actualmente sabemos que los muertos son más de 1.100, según datos de la OCU.
Andreas FABER-KAISER, 1988.
(Entrada publicada el 10 de agosto de 2011)
